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Introducción a la Revolución Cultural

¿Sabía Ud. que Chile está sufriendo una profunda revolución cultural que tiene por fin demoler la principal de nuestras instituciones, la familia cristiana, y que esto tendrá como corolario un grave deterioro del tejido social, con efectos nefastos para el futuro del País?

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Sí, una revolución que penetra como un smog en todos los ambientes, contaminando gradualmente leyes y costumbres, corroyendo los principios, eliminando las nociones de

bien y mal e implantando una nueva moral atea y relativista; y que además prepara el
clima jurídico y publicitario para que se persiga a quienes le opongan alguna resistencia.

Esta revolución cultural se hace en nombre de los nuevos “dogmas” laicos que están siendo promulgados -la tolerancia y la no-discriminación- los cuales, pese a su contenido difuso, o más bien por causa de éste, sirven para abrirle camino en forma subrepticia.

Su familia, el colegio donde estudian sus hijos, la empresa donde Ud. trabaja y su misma forma de ser, incluso sus hábitos, ideas y mentalidad, en síntesis su vida misma en el día a día, deberán conformarse a estos nuevos postulados.

“Seguir corriendo la cerca”: acabar con las nociones de verdad y error

El gobierno de la Concertación marca el rumbo de esta revolución y da muchos de sus pasos concretos. Ya en el Programa de Ricardo Lagos se decía que “una de las prioridades del gobierno (…) será promover el respeto a los derechos de todos los chilenos y chilenas y de todas las familias, cualquiera sea su estructura”. [1]

Con eso ya era claro que la familia basada en el matrimonio monogámico, indisoluble y fecundo no pasaría de ser, para el régimen que se estaba gestando, una entre las muchas formas toleradas, en el mejor de los casos en igualdad de condiciones con otros tipos de “familia” y aun con las peores perversiones.

En efecto, los adeptos de la degradación moral tienden a exigir una libertad absoluta y consideran una amenaza que algunos la rechacen. Así, las costumbres licenciosas conducen a que se atente contra las libertades para la práctica del bien y de las virtudes.

El mismo Presidente Lagos explicitó en parte este sentido de la tolerancia al decir: “la exclusión, y más sutilmente la discriminación, son los grandes enemigos del pluralismo, como lo es también ese mal hábito intelectual que consiste en creer que sólo algunos viven en la verdad y el resto lo hacen en el error y en la oscuridad (…) Por eso nuestro gobierno ha planteado la necesidad de remover limitaciones que tenemos a la democracia y limitaciones que tenemos a la libre expresión de la soberanía popular (…) Por eso queremos promover la inclusión de todos y perseguir cualquier forma de discriminación”. [2]

Ahora bien, si el mero hecho de que alguien crea que tiene la razón y que considere que quienes piensan de otro modo están errados, configura un mal hábito discriminador que debe ser perseguido, es forzoso concluir que el único modo de evitar esto será que todos adopten el principio del “prohibido prohibir”, que es la síntesis del permisivismo moral.

Tal permisivismo viene de lejos. Ya en 1992, a propósito de un documento emitido por el Ministerio de Educación, cuyo titular era Ricardo Lagos, el Cardenal Jorge Medina – entonces Obispo de Rancagua – manifestó que: “Sería para nosotros algo extremamente doloroso, que el peso enorme del aparato estatal aplastara en definitiva, aún sin quererlo, a la familia y a cada comunidad escolar”. La respuesta del Ministro Lagos fue que el documento reflejaba una sociedad plural: “Lo otro [aceptar las recomendaciones de Monseñor Medina] sería un integrismo ” [3].

Meses después, en un encuentro con representantes de la cultura, el actual Presidente ya definía su táctica de que en el ámbito cultural hay que seguir: “corriendo la cerca” y que “Éste es un país demasiado asfixiado por la censura, no sólo escrita sino tácita, porque también hay áreas donde los políticos tratamos de entrar y parecen terrenos minados”. [4]

Cuatro años después, el Proyecto Socialista proclamó: “… el terreno del enfrentamiento es político y simbólico, sobre todo cultural (…) desaparecen viejas cuestiones y entran otras que dicen relación con la vida de la gente, con sus estructuras éticas y normativas…”[5]. Y la Carta de la Ciudadanía Cultural, promovida por el Cabildo Nacional de Cultura, declaró: “La Constitución debe garantizar el respeto a la diversidad cultural del país, sin discriminación de ninguna índole (pueblos originarios, etnias, géneros, ideologías, religiones y opciones sexuales), propiciando su conocimiento, preservación, valoración, difusión y desarrollo”.[6]

Si cabía alguna duda de los fines de la política en gestación, el uso de los términos opciones sexuales y equidad de géneros la disipa totalmente: se pretende dar derechos a homosexuales y lesbianas a no ser discriminados por sus conductas, o sea, que sus relaciones antinaturales tengan los atributos del matrimonio legítimo. Tales conductas serían meras opciones, que todos podrían elegir sin restricciones, y a nadie, bajo ninguna razón, les está permitido rechazarlas. ¡Más aún, se trata de garantizar a los adeptos a esas conductas que éstas sean preservadas, valoradas, difundidas y desarrolladas!

Gradualidad

Cuando el Presidente Lagos creó el Consejo Nacional de Cultura, declaró: “con el anuncio de una política cultural, dimos un significativo paso adelante. Y ahora (…) damos cumplimiento a una antigua aspiración y también a un compromiso plasmado en esa política: contar con una institucionalidad cultural moderna, eficiente, abierta, participativa y plural. (…) Así es la democracia: avanza siempre gradualmente, paso a paso, sin grandes saltos, pero también sin innecesarios sobresaltos ni traumas”. [7]

O sea, con tal de que sea un proceso gradual, y por esto vaya siendo asimilado por la opinión pública, cualquier cosa sería aceptable, sin que importen los juicios morales, siendo sólo censurable que el País se detenga en esta evolución.

La designación como representante cultural de Chile en Italia de la actriz Patricia Rivadeneira fue sintomática en este sentido, pues ella se había destacado por interpretar desnuda actos de protesta contra la censura, apareciendo envuelta en la bandera nacional, y con un crucifijo en las manos, lo que constituye una grave profanación. Que fuese elegida para ese cargo alguien con tales antecedentes, denota que el Gobierno va corriendo la cerca hacia un régimen abiertamente permisivo.

Todo esto muestra cómo el Gobierno entiende la tolerancia: cada uno puede tener su moral, y todas las variantes son aceptadas, siempre que sean relativistas y mutuamente tolerantes. Aquella que se afirme como la única verdadera será considerada integrista, y por eso mismo, reprimida.

En consecuencia, se iniciará un régimen de persecución para quienes defiendan la Moral inmutable, impresa por Dios en la naturaleza humana, sintetizada en el Decálogo y enseñada permanente e infaliblemente por la Santa Iglesia.

Promoción legal del amor libre desde la más temprana edad

En esta campaña para correr las cercas, el Presidente Lagos no está solo; lo secundan todos los partidos de la Concertación, y en especial el eje PS-PPD.

Un proyecto presentado por parlamentarios de estos partidos, con el nombre de Ley de derechos sexuales y reproductivos, es característico en este sentido, pues establece que todas las personas tienen derecho “de ejercer la sexualidad independiente de la reproducción y la libertad para elegir con quién vivir la sexualidad”, y que se penará “toda forma de discriminación en el ejercicio de estos derechos, sea que provenga del Estado o de los particulares”. ¡O sea, el proyecto confiere derecho a todos a proceder a su antojo en materia sexual, reservando las penalidades a quienes intenten poner alguna restricción!

Más aún, el texto afirma: “para efectos de esta ley, se entenderá por discriminación cualquier exclusión, menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria basada en (…) la edad”, lo que abre las puertas a la iniciación sexual precoz, por iniciativa tanto estatal cuanto particular, con todas las facilidades que esto dará para pervertir a los niños.

Además, dicho proyecto también introduce subrepticiamente el aborto, así como la impunidad de las conductas homosexuales, pues postula los llamados derechos a la integridad física y psíquica y a la autonomía y control corporal, los cuales tienen ese sentido, de acuerdo al dogma laico y amoral del permisivismo.

ONGs ayudan al Gobierno, incluso a implantar el aborto

En este proceso el Gobierno es apoyado por numerosas ONGs, no sólo para impulsar políticas e iniciativas anti-familia, sino también para dar la impresión al País de que gran parte de éste las aprueba y desea que siga adelante con ellas.

Un ejemplo de esto lo dio Josefina Hurtado, coordinadora del Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos -que trabajó en el Proyecto de derechos sexuales- al afirmar: “los más conservadores quieren limitar los derechos reproductivos de los jóvenes a la tradición y a la cultura de los países y al respeto de los padres, (…) pero (…) por buscar el consentimiento de los padres, los jóvenes no pueden llegar a los consultorios a recibir anticoncepción con confidencialidad. Hay que desmitificar el concepto de familia. El ideal no existe, sino que (las familias) son complejas y diversas”. (…) “No se les puede dar (a los padres) toda la responsabilidad por la información y la formación sexual de los jóvenes. Es una fantasía”. [8]

Obviamente, quienes tienen esta opinión quieren confiar a funcionarios estatales o a activistas de este tipo de ONGs la tarea de orientar a los jóvenes en dichas materias. Por otra parte, no puede caber dudas de cuáles serán los consejos que éstos recibirán, cuando no sean directamente presionados en un sentido amoral y relativista.

A su vez, la Dra. Isabel Matamala, también activa promotora del aborto, que colaboró en la preparación del mismo proyecto de Derechos Sexuales, llegó a afirmar: “Para mí, todo aborto es terapéutico (…) yo preferiría que en adelante pudiésemos hablar del aborto reglamentado, que es despenalizarlo cuando está en peligro la vida o la salud de la madre”. [9]

Estas declaraciones muestran que quienes quieren la legalización del aborto, argumentan en favor del llamado aborto terapéutico solamente como un primer paso en tal sentido, quedando al arbitrio de cualquier médico decidir cuándo estaría en peligro la salud de las mujeres que desean abortar.

Al ser consultada Adriana Delpiano, Ministra del Sernam, sobre los acuerdos internacionales y las recomendaciones dadas a Chile por la Convención para la Eliminación de todas las Discriminaciones a la Mujer (CEDAW) de que se legalice el aborto, respondió: “Yo creo que en la medida en que somos sólo 5 los países en el mundo que no tenemos aborto terapéutico, será inevitable la presión internacional, independiente de lo que Chile resuelva”.

Acto seguido, afirmó: “El tema de cuáles métodos anticonceptivos va a usar Chile lo va a definir el Ministerio de Salud, pero en lo que claramente nos hemos comprometido es que deben estar al alcance de todos. Va a haber dos temas interesantes a debatir, uno la esterilización (…), y dos, esta especie de bomba anticonceptiva, la píldora del día siguiente. Si es abortiva o no, yo no lo sé y el Ministerio tendrá que fijar la gama de posibilidades”. [10]

O sea, ya anunciaba que esos métodos serán impuestos y que tendrán aplicación masiva. Seis meses después, ambos programas fueron puestos en ejecución por medio de una resolución exenta, sin atender a las graves objeciones enunciadas por miembros de la sociedad civil. ¡Es decir, se siguió la nada democrática política de los hechos consumados!

Más aún, cuando la Corte Suprema sentenció que la píldora en cuestión, por ser abortiva, no puede ser autorizada, el Gobierno inició manejos políticos para burlar la decisión judicial del alto Tribunal.

El Programa de Tolerancia estimula las conductas inmorales

Implementando la ideología permisivista, el Ejecutivo lanzó también un Programa de Tolerancia, en cuya introducción afirma que se debe renunciar a “esquemas instintivos rígidos que determinan un mundo paralizado en percepciones (buenas o no), un estado mental que impide el fluir de los pensamientos” [11]

Tal política trata de reciclar las mentalidades, a través, “de programas que muestren realidades de la vida y la intimidad de las diversas personas o grupos (mujeres, gitanos, homosexuales o pascuenses) que puedan hablar de su mundo; lo que permite a la población adquirir una percepción diferente porque accede a su cotidianidad y ve que esas personas diferentes también sufren, se enamoran, etc.” [12]

Es obvio que, en esa enumeración, las mujeres, los gitanos y pascuenses figuran de modo accidental, pues en cuanto tales no son discriminados; lo que se busca con ese Programa es abrir camino a homosexuales, prostitutas, lesbianas y adeptos de otras formas de depravación, para que hagan propaganda de sus aberraciones, gocen en esto de impunidad y vayan derribando todas las barreras, para impregnar la sociedad de su amoralidad.

Para impulsar ese fluir de los pensamientos, el Gobierno auspició hace un año el desfile del orgullo homosexual, realizado por los activistas de la degradación para imponer su permisivismo. Como declaró en la ocasión un periódico, “más allá de la polémica, septiembre del 2000 será recordado como el mes en que gran número de organizaciones de gays, lesbianas, travestis (…) junto a la Corporación Nacional del Sida (…) dieron a conocer públicamente su identidad y levantar la bandera multicolor sobre las calles de Santiago, para exigir su propio espacio”. [13]

Además, en enero de 2001, el Ministerio de Planificación comenzó a distribuir gratuitamente preservativos a los jóvenes, a través del Instituto Nacional de la Juventud, impulsando la degradación de las costumbres. Según informó el ex-director de esta entidad gubernamental, Francisco López, ella dispondría de voluntarios que “en los principales lugares de diversión nocturna, como por ejemplo el paseo San Damián, Av. Suecia y el barrio Bellavista (…) para repartir preservativos”. [14] Además, ese programa empezó a aplicarse durante ese verano también en las playas de la V Región.

Como si todo lo anterior no bastase para favorecer la degradación de las costumbres, recientemente sus voceros mostraron hacia dónde conduce su alegada “tolerancia”. Cuando el Cardenal Jorge Medina, de paso por Chile, en agosto último, tuvo a bien expresar, como por lo demás es elemental deber de los Pastores, la oposición de la Santa Iglesia a varios de los proyectos amorales que están siendo promovidos, se desató sobre él una tormenta de airadas imprecaciones socialistas, incluso del Jefe del Estado, que mostraron un verdadero fanatismo oficial contra la Moral católica y contra los Prelados que tienen la valentía de defenderla.

Es el caso, pues, de preguntar: si tal es la prepotencia irreverente de los funcionarios oficiales contra un Príncipe de la Iglesia cuando defiende principios básicos de la Moral, ¿hasta dónde llegará la furia de esos socialistas contra aquellos que, como simples particulares, contraríen sus designios, sin tener las garantías de que naturalmente gozan los altos dignatarios eclesiásticos? ¿No se está gestando, pues, una verdadera persecución psicológica de fondo religioso?

Más aún, inmediatamente después de esas manifestaciones laicistas y anticlericales en pro de la amoralidad, quedó claro que la respuesta del Gobierno a las objeciones de miembros de la Sagrada Jerarquía a tales iniciativas era de radicalizarlas, dando nuevo impulso a la arremetida divorcista, insistiendo en la promoción de la “píldora del día después” y haciendo de esas actitudes una verdadera bandera electoral, olvidando los gestos de fingida moderación manifestada durante la campaña presidencial.

* * *

¿Cómo se generó esta ideología que propicia un libertinaje agresivo y corrosivo? Como veremos, el proceso se inició poco después del fracaso del gobierno marxista de la Unidad Popular, por una revisión de las estrategias hecha por los teóricos del socialismo renovado cuando tomaron contacto con los líderes socialistas europeos. Su aplicación comenzó en 1990, cuando esa corriente, con el auxilio democratacristiano, tomó el Poder.

Se trata de un nuevo programa de “desconstrucción” de los restos de la sociedad de inspiración cristiana, para imponer un modelo relativista en lo ideológico y amoral en las conductas. Su fundamento doctrinario se encuentra en una peculiar interpretación -por lo demás, nítidamente relativista- de los derechos humanos, haciendo total abstracción de la enseñanza de la Iglesia y de la índole cristiana de nuestro pueblo.

Al servicio de esta revolución cultural están los partidos de la Concertación, a veces con el apoyo de algunos parlamentarios de la oposición. Las consignas de la tolerancia y de la no-discriminación son ampliamente difundidas por la prensa y utilizadas en debates y foros, sin que el público note su verdadero alcance.

En los pasillos y salas de debates del Congreso, bajo el impulso de esta mentalidad anti-familia, se lleva a cabo una auténtica revolución legislativa. Áreas tan sensibles como la educación, el orden público e incluso la soberanía nacional están siendo profundamente alteradas, sin que la mayor parte del País, absorta por los quehaceres cotidianos, se percate de este proceso corrosivo que está atacando a Chile.

Y, lo que es más grave, no hay un grito de alarma ni una oposición proporcionada de los sectores católicos más observantes, paralizados por el temor de parecer, a los ojos del público, como intolerantes y discriminadores, por lo cual prefieren el cómodo expediente de dejar hacer y dejar pasar.

Como dijimos, este proceso culminará con una verdadera guerra anti-religiosa. Sí, una guerra a la Religión católica, como la principal inspiradora de nuestra cultura, a la cual los socialistas, renovados o no, culpan de traumas morales que atribuyen a las supuestas discriminaciones e intolerancias. Junto con Ella, estarán en el banquillo de los acusados los chilenos que tomen con seriedad los postulados de la Fe.

Para alertar sobre esta revolución que se está gestando y convocar a nuestros compatriotas a una Cruzada en defensa de la familia y de la Moral cristiana, Acción Familia presenta este nuevo estudio al público chileno y especialmente a los líderes religiosos, políticos y sociales que están llamados a construir el futuro de la Nación.

Sabemos perfectamente que el tema de la tolerancia y la no-discriminación es altamente polémico, y que nuestra posición se encuentra en las antípodas de lo que hoy es tenido como políticamente correcto en la materia.

Sin embargo, continuando la defensa en Chile de los ideales de la tradición, de la familia y de la propiedad, como pilares de la civilización cristiana, Acción Familia no tiene recelo de enfrentar el debate, ya que nada deben temer quienes siguen las enseñanzas del Magisterio tradicional de la Iglesia y los divinos preceptos de Nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó: “Sea pues vuestro lenguaje: sí, sí; no, no” (Mt. 5, 37).

Santiago, 18 de octubre de 2001.

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[1] “Programa de Gobierno para Crecer con Igualdad”, Ricardo Lagos Escobar, Octubre 1999.

[2] “El Mercurio”, 19 de noviembre de 2000

[3] “El Mercurio”, 7 de Abril de 1992

[4] “El Mercurio”, 28 de Septiembre de 1999

[5] Proyecto Socialista, (Documento de Discusión), Santiago, Febrero, 1992.

[6] Carta de la Ciudadanía Cultural, Cabildo Nacional de Cultura Chile 2000, punto primero.

[7] Ricardo Lagos, Discurso, Santiago, 19 de Octubre de 2000. (www.culturachile.cl/documentos/palabras_pdte.php.

[8] El Mercurio, 27 de Junio de 1999

[9] “El Mercurio”, 21 de Noviembre de 1999, Cuerpo D, p. 22, ” Dos médicos, dos visiones en colisión”

[10] “El Mercurio”, 4 de Junio de 2000, “La Ministra se defiende”.

[11] “Programa Tolerancia y no Discriminación”, División de Organizaciones Sociales (DOS), Ministerio Secretaría General de Gobierno.

[12] Ibídem.

[13] Revista “Rocinante”, Octubre 2000, año III, N° 4, pág. 7

[14]”La Tercera”, 30 de Noviembre de 2000.

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05/08/2003 | Por | Categoría: Revolución Cultural
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